La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció este jueves a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, al ex Jefe de Gabinete Marcos Peña y otros funcionarios por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.
La PIA, encabezada por el fiscal Sergio Rodriguez, presentó una denuncia penal en la justicia federal para que se investiguen distintas contrataciones que llevó adelante la Jefatura de Gabinete de Ministros entre 2016 y 2019, las cuales fueron adjudicadas sin concurso a Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA.
La denuncia apunta al delito de negociaciones incompatibles con la función pública, contemplada en el artículo 265 del Código Penal, aunque no se descarta la posible concurrencia de otras figuras.
La denuncia encuentra sustento en una investigación preliminar desarrollada en el seno de la PIA, mediante la cual se pudo determinar que desde la Secretaría de Comunicación Pública -dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros- se gestó un esquema de contrataciones de empresas publicitarias relacionadas con el gobierno de turno, en flagrante violación a los principios de las contrataciones públicas.
Según se pudo determinar, las empresas beneficiadas serían las mismas que participaron en el desarrollo de las campañas publicitarias de la coalición política Cambiemos en el marco de la contienda electoral que llevó a Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación en el año 2015. Asimismo, habrían sido las encargadas de desarrollar la publicidad oficial de otros distritos gobernados por el mismo signo político, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia y la Municipalidad de Vicente López.
Para lograr tal cometido, los funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros impulsaron la modificación del decreto 984/2009, el cual otorgaba exclusividad a Télam SE en el desarrollo de la publicidad oficial. Esto ocurrió mediante el decreto número 978/2016, que fue suscrito por Gabriela Michetti, motivo por el cual también se encuentra comprendida en la denuncia.
Pero además, a fin de lograr la adjudicación directa de contratos millonarios a las empresas publicitarias vinculadas al partido, utilizaron un artilugio legal previsto en materia de contrataciones públicas que no resultaría aplicable a los expedientes analizados por la PIA.
De esta manera las contrataciones se habrían adjudicado de modo directo, esto es, sin concurso de precios y sin permitir la competencia de otras empresas que pudieran mostrarse interesadas y -eventualmente- ofrecer el cumplimiento de las prestaciones por un monto más beneficioso para el Estado.
También se observaron pagos realizados por el Estado a las mismas empresas, sin la celebración previa de un contrato y en clara violación a la normativa de contrataciones públicas.
Además de señalar a los funcionarios públicos intervinientes en las contrataciones, la PIA sugirió la realización de distintas medidas probatorias tendientes a dilucidar la participación de personas físicas privadas y remarcó la aplicación de la ley 27.401 (de Responsabilidad Penal aplicable a las Personas Jurídicas Privadas) a las sociedades anónimas contratadas.
Las contrataciones cuestionadas habrían significado la erogación de, cuanto menos, $291.000.000 provenientes del erario público.
Intervendrán por sorteo el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 8 a cargo del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi y la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1 a cargo del Dr. Jorge Felipe Di Lello.
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