Con un contundente discurso, el presidente del bloque Justicialista del Senado, José Mayans, fustigó el pretendido proyecto de ley de modernización laboral, que impulsa del gobierno. Y advirtió que la norma va directo a ser judicializada por estar “viciada de nulidad absoluta y ser abiertamente inconstitucional”.
“Nosotros vamos a votar en contra de este desastre legislativo, de punta a punta, de cabo a rabo. No estamos de acuerdo ni con el procedimiento, ni con el texto del Senado ni con el texto de Diputados. No estamos de acuerdo con nada de lo que hicieron, por eso nuestro bloque va a votar absolutamente en contra de este desastre”, bramó el formoseño en su intervención de cierre del debate.
Antes, había señalado que, con la reforma y las medidas económicas del gobierno, “no paga la casta, ahora ya sabemos quién está pagando” y remarcó que, en todo el proceso de tratamiento del proyecto, el oficialismo siguió actuando “sin respeto absoluto por las instituciones”. “La visión de ustedes fue el tratamiento exprés de una ley que afecta prácticamente a veinte millones de personas”, enrostró e insistió en que la norma “nació mal y terminó mal”.
Reseñó que, en todo el procedimiento, se violó el Reglamento del Senado, cuando no se respetó de entrada la representatividad electoral en la conformación de las comisiones, y disparó que este es “un proyecto hecho por estudios de abogados empresarios para afectar los derechos de los trabajadores”. “Es una ley gorila, hecha por gorilas, en contra de los derechos de los jubilados, los pensionados y los trabajadores”, completó.
Después, hizo un recuento de la cantidad de los innumerables cambios y enmiendas que tuvo el texto original incluso a pocos minutos antes de que se votara por primera vez en la Cámara Alta, para luego ser girado a Diputados. Explicó que todo el proceso estuvo viciado por “la falta de transparencia”. Y agregó que para conseguir el quórum en la Cámara Baja, el gobierno desplegó una batería de “cargos, plata y fondos para atacar al sistema laboral argentino”.
Más adelante, al criticar el sistema de banco de horas que dispone la reforma, recordó que la Doctrina Justicialista establece que el trabajador, para tener una vida digna, debe destinar ocho horas a trabajar, otras ocho horas para vivir, y tener otras ocho horas para descansar, y pidió que escuchen bien aquellos que “se dicen justicialistas y los gobernadores que se dicen justicialistas y se venden por un ATN”.
Además, indicó que en este momento la Argentina está “en el valor salarial más bajo de todo Latinoamérica” y se quejó de que se haga esta reforma laboral y de que el oficialismo hable de bajar aún más el costo laboral. Para el senador peronista, la situación laboral amerita una discusión, pero sobre el valor del salario y sobre el costo de la canasta básica. “Dejen de mentir, esta ley perjudica terriblemente al trabajador”, insistió.
“Toda esta ley está hecha para el FAL (Fondo de Asistencia Laboral, con el que se pretende financiar despidos), que es un robo a cara descubierta y abiertamente inconstitucional, ya que viola el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional”, remarcó Mayans y reflexionó: “Viene a romper el sistema protectorio que tiene la Constitución cuando habla del despido arbitrario”, como un mecanismo para evitar los abusos empresarios y que quedará sin efecto con la norma.
El referido fondo se conformará, según lo aprobado, con 2.500 millones de dólares en el primer año que saldrá del sistema previsional argentino. “Los jubilados y pensionados que se olviden de tener mejoras en sus haberes, porque este gobierno les robará ese dinero por año para que lo manejen Caputo (Luis, el ministro de Economía) y su banda”, advirtió.
Además, dijo que ese fondo será utilizado por el gobierno para pagar la deuda externa argentina y de esa manera se afectará el sistema previsional y le robarán aún más a los jubilados y pensionados. Y alertó de que en poco tiempo el oficialismo puede avanzar con una reforma para subir la edad jubilatoria.
También, dijo que, entre otros aspectos, la ley implica “la vergonzosa limitación del derecho a huelga” y es abiertamente inconstitucional, ya que rompe el principio que tienen los trabajadores para reclamar mejoras salariales y de condiciones de trabajo. De esa manera, ya no habrá quien defienda al sistema laboral, explicó.
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