Gialluca RESPONSABILIZÓ AL ESTADO NACIONAL por cualquier daño irreparable, que se produzca como consecuencia de la SUSPENSIÓN ILEGAL DE LAS PENSIONES en nuestra Provincia y le pidió al Presidente de la Nación, como así también, al Ministro de Salud y al Interventor de la ANDIS Alejandro Vilches “que dejen de jugar con la discapacidad, que dejen de manipular los datos sobre pensiones, pues en un país donde cada recorte se disfraza de -eficiencia- y cada derecho vulnerado se justifica en nombre del -ajuste-, ahora se promete en el Presupuesto 2026, aumentos de fondos siendo que, hace apenas unos días, vetaban leyes sancionadas por el Congreso que disponían exactamente lo mismo, con números trastornados que confirman un mayor ajuste para pagar la deuda”
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, responsabilizó al Gobierno Nacional de Javier Milei de cualquier consecuencia no querida que se derive de la suspensión arbitraria e ilegal de los beneficios previsionales aplicada a las personas con discapacidad laborativa que habiten en nuestra Provincia.
El Funcionario Provincial destacó que: “Desde un comienzo hemos denunciado las numerosas irregularidades en las que incurría la pretendida auditoría que realizó la ANDIS, a cargo entonces de Diego Spagnuolo, hoy investigado por presuntas coimas”. Esta supuesta auditoría nació herida de muerte, desde el comienzo, el Decreto sobre el cual se asentaba es inconstitucional, pues preveía un retroceso en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, las Resoluciones de la ANDIS estaban viciadas de ilegalidad y nulidades absolutas, pues desconocían postulados de la Constitución Nacional y Normas Internacionales que aseguran el trato digno a este colectivo altamente vulnerable, el debido proceso, el derecho a la información y la participación de los organismos y entidades defensoras de sus derechos, para la realización de las mismas, las cuales me adelanto a decir, fueron realizadas en todos los gobiernos y que estamos de acuerdo con ellas, pero siempre cumpliendo con las normas que protegen a las personas con discapacidad, miles de las cuales hoy, se encuentran sin ingresos para su subsistencia y sin coberturas sanitarias, frente a un Gobierno Nacional que resultó condenado e intimado a liberar los fondos de las pensiones suspendidas, estando hoy judicialmente multado por no cumplir con dicha orden y su representante, el actual Interventor de la ANDIS, Alejando Vilches, denunciado penalmente por incumplir la manda, dada por la titular del Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, Dra. Belén López Macé.
Con tales antecedentes, remarcó el Defensor del Pueblo de Formosa, ante la inacción del Estado Nacional, frente a una orden que ya tiene ribetes de humanitaria, no caben dudas que es el mismo Gobierno de Javier Milei, el que deberá hacerse responsable de las consecuencias que se deriven de la falta de alimentos, tratamientos sanitarios, medicamentos, carencia de servicios y/o cualquier otro daño, que se derive de su inconducta, la cual tiene ribetes institucionales gravísimos y debieran ser las Autoridades Nacionales las primeras en colocarse al frente de una cruzada por los derechos de las personas con discapacidad y no estar celebrando bajas ni recortes como si fueran logros de gestión.
Gialluca señaló que, Institucionalmente no nos parece correcto hablar de pensiones “invalidez laboral”, es estigmatizantes y además son mucho más que eso, son una política de transferencia de ingresos destinada a paliar las desigualdades estructurales que enfrentan las personas con discapacidad en argentina, recibiendo un monto equivalente al 70% de una jubilación mínima y los habilita al acceso a la cobertura sanitaria del Programa Incluir Salud.